Con la expedición de la Ley 1475 de 2011, la organización electoral adquirió la obligatoriedad del uso de la identificación biométrica en los procesos electorales para las elecciones de 2014. La utilización de tecnología para el cotejo dactilar de los votantes, que inició en octubre de 2008 como una prueba piloto y una medida para frenar el fraude por suplantación de electores es hoy, de acuerdo con la Ley 1475 de 2011, una obligación legal de la Organización Electoral.
En su artículo 39, la Ley especifica que independiente del sistema de voto electrónico que se adopte en el país, “el modelo deberá permitir la identificación del elector con la cédula vigente o mediante la utilización de medios tecnológicos y/o sistemas biométricos, que permitan la plena identificación del elector”.
La Ley aclara además que la identificación del elector, “en todo caso, podrá ser independiente de la utilización de mecanismos de votación electrónica”. Es decir, que el voto electrónico no es prerrequisito o condición para la implementación de la biometría, estableciendo sí, la obligatoriedad del uso de la identificación biométrica para las elecciones que se desarrollarán para el año 2014.
Se dispone que “el Gobierno priorizará a través de los mecanismos presupuestales que corresponda la destinación de los recursos necesarios para el cumplimiento” de la medida.
Colombia trabaja en un modelo donde lo importante no es la cantidad de máquinas a instalar sino la efectividad para evitar el fraude electoral, teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada uno de los sitios donde hoy funcionan los puestos de votación.
La instalación de lectores biométricos alámbricos se dificulta debido a la ubicación de algunos puestos de votación que no cuentan con instalaciones eléctricas, impidiendo el trabajo en red entre las máquinas.
De ahí que en la actualidad la biometría está migrando a un formato inalámbrico que estaría en red a través de wi-fi, con una escasa dependencia de energía eléctrica, y la posibilidad desde la entrada del puesto establecer cuantas personas han ejercido el derecho al voto en cada puesto instalado, lo que impide de por si que haya una alteración de los formatos E-11 o registro de votantes, en cuanto al número de votantes que entran a las mesas a sufragar.
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